Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en El Líbano

سفارة الجمهورية البوليفارية الفنزويلية في لبنان

 

  

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¿Que tal la verdad sobre RCTV?.
Por Argemiro Ferreira, traducción: Héctor R. Zamarrita

De la misma forma como todavia esconde su participación hace 34 años en la trama para difamar el gobierno chileno de Salvador Allende, acusado de amenazar la libertad de prensa y al periódico “El Mercurio”, los grandes medios del Brasil, ...


... acompañando a los de los Estados Unidos, insisten en esconder la verdad sobre la red RCTV y la decisión del gobierno venezolano de no renovar su licencia expirada el domingo.

Allende depuesto: apoyo de los medios.

Recordé en columna anterior como nuestros medios corporativos - de O Globo los Marinho, la Veja de los Civita & Mainardi, pasando por el Estadão, Folha, etc. – hizo la misma cosa en la campaña a favor de El Mercúrio. Agustín Edwards, dueño de ese periódico chileno, hizo varias reuniones en Washington con el presidente Richard Nixon y el propio director de la CIA, Richard Helms, preparando el  golpe militar.

Consumada la operación e instalado el dictador militar Augusto Pinochet, vino el baño de sangre que horrorizó al  mundo – y ahí sí, el fin de la libertad de prensa. El Mercurio, que se presentaba como héroe de la libertad, qué hizo? Se convirtió en portavoz oficioso de la dictadura - papel semejante al de las organizaciones Globo en Brasil post-1964. Será lo qué ahora quieren El Mercurio y O Globo para Venezuela?

Aquel "Dossier” El Mercurio"

El problema en situaciones así, es que los vehículos de los grandes medios mienten y el gobierno de los Estados Unidos también. Los primeros jamás lo admiten, inclusive después del hecho consumado. Ya en Washington existe una práctica saludable, hoy encorajada y llamada la Ley de la Libertad de Información: el levantamiento a veces antes del plazo oficial, del sigilo sobre documentos secretos de la diplomacia y del espionaje. 

Eso permite que la verdad aparezca, no gracias a los medios. El "Dossier” El Mercurio" fue publicado en el 2002, a 29 años del golpe de Chile, por el pesquisador americano Peter Kornbluh en Columbia Journalism Review, de Nueva York. Antes mismo de Allende tomar pose, según los documentos, el dueño de El Mercurio ya se reunía con el director de la CIA, discutiendo el momento más oportuno para desencadenar el golpe.

Detalle revelador en el complot contra Allende en los medios, que denunciaba la amenaza a “El Mercurio” y a la libertad de prensa, fue la participación de la SIP, la entidad de los dueños de periódicos del continente). Esta distribuía material, hasta editoriales listos. O Globo, tal vez el más diligente participante de la campaña, es uno de los que lo recibían. Nunca hizo autocrítica, jamás contó al lector que estaba en el complot de la CIA.

El Roberto Marinho (dueño de las Corporaciones Globo) de allá 

Fair (Fairness and Accuracy In Reporting), la más actuante y profesional de las organizaciones dedicadas a monitorear a los grandes medios de los Estados Unidos, mostró el  último día 25 como los diferentes vehículos fueron unánimes en la avaluación y en la conclusión, idénticas a las de los grandes medios brasileros: al negar la renovación de la concesión de RCTV, dijeron, el gobierno Chávez actúa con brutalidad contra la libertad de prensa.

Pero los superperiódicos, en Brasil y en los Estados Unidos, omiten deliberadamente un detalle al retratar la situación de Venezuela, donde aquella red de TV tenía, como la Globo hasta hace poco tiempo, 80% de la audiencia. En el 2002 RCTV fraudó la realidad (como hiciera la Globo en el escándalo Proconsult, en la edición del debate Collor-Lula de 1989 y en otros momentos). Su apoyo al golpe sería punido de la misma forma en cualquier país serio.

Millares de artistas y profesionales lloraron, delante de las cámaras, la pérdida del empleo, manipulados por el experto Marcel Granier, (el Roberto Marinho de allá)  (léase de Venezuela) ((Roberto Marinho es dueño de las Corporaciones Globo). Él no se preocupó con los  artistas al aliarse a los golpistas que violaron la Constitución y las leyes del país, derribando al presidente Hugo Chávez, electo por la mayoría arrolladora de los venezolanos. Y por encima mintió al noticiar que él había renunciado.

Las organizaciones Globo parecen sugerir que el hecho RCTV ser , como la red Globo en Brasil, líder absoluta de audiencia en Venezuela, le confiere autoridad para pasar por encima de la ley, falsificar noticias y fraudar la realidad. Ella hizo todo en su ansia de ganar con el golpe, en el 2002, el apoyo del pueblo, convocándolo a ir a las calles.  Mas al regreso de Chávez, 47 horas después, lo que hizo el pueblo fue festejar, mientras RCTV silenciaba.

La arrogancia y la impunidad.

 RCTV tenía una concesión. Novelas, aunque con el 100% de audiencia, no le confieren papel político, ni el derecho de  desinformar. El pueblo que ve novelas repudió el Golpe. Al votar reeligió a Chávez con 64% de los votos - como en  Brasil rechazó la campaña de impeachment, apoyada por la  Globo, y después fue a las urnas contra el candidato de los Marinho y reeligió a Lula con el 60% de los votos.

En la raíz del problema puede estar la arrogancia de los grandes medios. Impunes después de practicar crímenes contra la democracia y los intereses del país, se juzga  autorizada, por la propia impunidad, a continuar confrontando a la Constitución y a las leyes. Gobernantes no pueden dejarse intimidar por la arrogancia de ella, inclusive cuando es invocada la acusación de praxis, “amenaza a la libertad de prensa”.    

De lo contrario los Marcel Granier de toda parte se sentirán convidados a usurpar las funciones del gobierno. El corrupto Berlusconi en Itália o el apátrida Murdoch en los  Estados Unidos son ejemplos elocuentes. El grupo Edwards, totalmente impune, es hoy el mayor de Chile. Granier correría el riesgo de llegar allá. Y tendríamos que esperar 30 años para saber, por los papeles de la CIA, como conspiró con potencia extranjera contra la democracia y el país.

 
Los dólares de Washington para la guerra mediática
Por la Redacción de APM

En su estrategia de agresión comunicacional contra Cuba, que ahora también aplica a Venezuela, el gobierno de Estados Unido invierte millones de dólares para comprar periodistas.

Radio y TV Martí, estaciones adscritas al gobierno de Estados Unidos, han recibido en lo que va del año 37 millones de dólares del gobierno de ese país.

Ese dinero fue percibido por periodistas vinculados a The Miami Herald y el Nuevo Herald, publicaciones abiertamente anticubanas del sur de la Florida, según reveló esta semana la publicación electrónica Cuba Debate.

Los pagos fueron descubiertos por The Miami Herald Media Co., la casa matriz del diario más afectado, El Nuevo Herald, que se publica en castellano.

Según documentos oficiales solicitados por la empresa el 15 de agosto último, invocando la Ley de Libertad de Información, cientos de miles de dólares fueron percibidos durante años, entre otros, por el propagandista Carlos Alberto Montaner, quien publica en El Nuevo Herald, The Miami Herald y en casi toda la red de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Entre el resto de recipiendarios de pagos financiados por los contribuyentes estadounidenses hay tres periodistas de El Nuevo Herald: Pablo Alfonso (175 mil dólares desde 2001), Olga Connor (71 mil dólares) y Wilfredo Cancio Isla (15 mil dólares en los últimos 5 años). La casa matriz despidió a los tres, subrayó Cuba Debate.

Jesús Díaz Jr., presidente y editor de The Miami Herald Media Co., se manifestó decepcionado y declaró que los pagos violaron ``la sagrada confianza`` entre los periodistas y el público.

``Ni siquiera la apariencia de que la objetividad o integridad de alguien pueda haberse visto comprometida se puede tolerar en nuestro trabajo``, comentó Díaz.

`"Personalmente, no creo que podamos garantizar la objetividad ni integridad si alguno de nuestros reporteros o reporteras reciben compensación monetaria de cualquier entidad que hayan cubierto, pero especialmente si se trata de una agencia de gobierno``, añadió.

Otros que recibieron pagos de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, que opera Radio y TV Martí, fueron Helen Aguirre Ferré, editora de la página de opiniones del Diario Las Américas; el columnista y reportero Ariel Remos; y Miguel Cossío, director de noticias del Canal 41.

Los pagos destruyeron la credibilidad de los reporteros en la cobertura de cuestiones clave de la política exterior de Estados Unidos.

Iván Román, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, dijo que los pagos de TV y Radio Martí implican un "conflicto de interés" para los periodistas, eufemismo estadounidense que designa violaciones éticas.

Los periodistas sobornados incluyen a Juan Manuel Cao, un reportero del Canal 41 que recibió 11,400 dólares de TV Martí este año, quien en julio confrontó a Fidel Castro en Córdoba, Argentina, sobre los planes de viaje de la disidente Hilda Molina para visitar a familiares en Buenos Aires.

Justamente, y como si ya lo supiera, Fidel Castro le preguntó abiertamente a Cao si alguien le estaba pagando para que hiciera esa pregunta.

El gobierno cubano viene repitiendo por mucho tiempo que ciertos periodistas de medios en español de la Florida reciben pagos del gobierno federal de Estados Unidos.

Ferré, editora de la página de opiniones del Diario Las Américas, recibió 4,325 dólares entre el 2001 y el 2005.

``Este es un caso obvio, para libros de texto``, declaró Jon Roosenraad, profesor de Periodismo de la Universidad de la Florida.

"Es exactamente como si un reportero de negocios trabajara también a tiempo parcial como agente de relaciones públicas para una compañía local en sus horas extra, y que regresara a su periódico al día siguiente y escribiera sobre `su` compañía``, agregó.

Los pagos, desde 2001, oscilaron desde 1.550 dólares abonados a Ninoska Pérez-Castellón, locutora de Radio Mambí, hasta los 174.753 dólares percibidos por Alfonso, de El Nuevo Herald.

Los "honorarios" fluctuaron entre 75 y 100 dólares por comparecencia, sea como presentadores o simplemente invitados en programas producidos por el gobierno estadounidense.

Un precursor de estas prácticas fue el analista Armstrong Williams, quien en 2005 promovió, en su programa de televisión transmitido de costa a costa, la ley de reformas a la educación pero después se reveló que el gobierno de George W. Bush le había pagado el servicio.

 

 


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